LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES: ¿TODO VALE PARA CAPTAR VOTOS?

Vaya por delante que este artículo no pretende recopilar infracciones atribuidas a formaciones políticas concretas ni valora ninguna campaña. Analiza cómo se articulan los derechos de exclusiva sobre obras y signos distintivos con las necesidades comunicativas inherentes a un proceso electoral y si las categorías tradicionales de la propiedad industrial e intelectual pueden responder satisfactoriamente a los conflictos que surgen cuando dichos activos son utilizados como instrumentos de propaganda política.

En las campañas electorales los partidos políticos y candidatos compiten durante un corto periodo de tiempo por captar la atención de un electorado saturado de información recibida por diferentes medios (TV, prensa, carteles, etc.). La capacidad para transmitir mensajes inmediatos y visualmente impactantes adquiere una gran importancia estratégica en todos los lados del espectro político de nuestro país y ello explica por qué las campañas recurren a obras artísticas, imágenes ampliamente difundidas, signos distintivos renombrados o elementos simbólicos compartidos por la colectividad. Tras esta práctica subyacen cuestiones jurídicas de gran relevancia como: ¿qué herramientas ofrece el ordenamiento cuando el activo protegido funciona como símbolo del debate público? ¿son suficientes? ¿hasta qué punto pueden utilizarse activos protegidos por la propiedad industrial e intelectual para reforzar mensajes políticos dirigidos a influir en el comportamiento de los votantes?

Tales preguntas no son sencillas de contestar al enfrentar valores esenciales de una sociedad democrática. Por un lado, los derechos de exclusiva que protegen la creación, la innovación y la reputación de sus titulares (derechos de propiedad industrial e intelectual). De otro, el derecho a la libertad de expresión en las campañas electorales.

La respuesta no es absoluta pues ni los derechos de propiedad industrial e intelectual desaparecen durante una campaña electoral ni la libertad de expresión es una autorización genérica para utilizar activos inmateriales de terceros. Sin embargo, la realidad demuestra que muchos de estos conflictos no pueden resolverse satisfactoriamente con una aplicación mecánica de categorías tradicionales que ordenan las relaciones económicas ordinarias, caso de marcas, diseños, derechos de autor, etc.

La utilización de obras icónicas como el Guernica de Picasso ilustra con claridad esta tensión. Nos encontramos ante una obra protegida actualmente por derechos de autor, pero también ante uno de los símbolos culturales más poderosos reconocidos por la sociedad española. Su significado social trasciende el ámbito puramente artístico y se traslada a cuestiones vinculadas a la guerra, la violencia, la memoria o la paz. En estos casos, la obra actúa simultáneamente como objeto de protección jurídica y como vehículo de significados colectivos. Precisamente ahí surge la dificultad: el conflicto ya no se desarrolla exclusivamente en el mercado, sino en el espacio público del debate electoral.

La jurisprudencia europea ha dado soluciones diferentes según la naturaleza del derecho afectado. En materia de propiedad intelectual, la libertad de expresión opera a través de los límites legalmente previstos, como ocurre con la cita o la parodia. No existe una excepción específica que permita el uso de obras protegidas por el mero hecho de perseguir una finalidad política. La protección de la libertad de expresión no actúa por encima del sistema, sino dentro de él. En materia de marcas renombradas, la vía aplicativa es distinta. El TJUE ha abordado recientemente esta circunstancia en la sentencia de 8 de septiembre de 2026, Inter IKEA Systems (Asunto C-298/23), relativa a una campaña de un partido político que utilizó signos de una marca renombrada —IKEA—. La Gran Sala declaró que la libertad de expresión, incluidas la expresión y la parodia política, puede constituir “justa causa”, pero no funciona de forma automática: dicha justificación exige una ponderación contextual entre los intereses del titular y los del usuario. La utilización de una marca como objeto de crítica o comentario político no plantea los mismos problemas que su empleo como simple instrumento de atracción o reclamo para un mensaje completamente ajeno.

Del análisis jurisprudencial se desprende una idea de gran relevancia: lo decisivo suele ser la relación existente entre el activo protegido y el mensaje que se pretende transmitir y, así, cuando la obra o la marca forman parte del contenido crítico o satírico del discurso, la libertad de expresión tiende a adquirir una importancia significativa. Por el contrario, si estas se utilizan únicamente para dar visibilidad a un mensaje político no acorde, en principio, con el mensaje de la obra, la posición del titular queda reforzada.

No obstante, la realidad trasciende la confrontación entre exclusividad de derechos y la libertad de expresión. En la práctica, muchos autores no consideran que la principal amenaza sea el posible perjuicio económico derivado de una reproducción fraudulenta y no autorizada, sino que lo preocupante sería la asociación pública de su obra con mensajes ideológicos o políticos que no comparten. Esta preocupación entra directamente en el ámbito de los derechos morales del autor, en particular con la protección de la integridad de la obra y de la vinculación personal que une al creador con su creación.

Lo interesante reside en que el derecho moral fue concebido para protegerse frente a deformaciones, alteraciones o actos que perjudiquen los intereses legítimos del autor y si la obra no se modifica, la cuestión adquiere gran complejidad jurídica: ¿puede considerarse lesiva, por sí sola, la asociación de una creación artística con un determinado mensaje político? La respuesta constituye uno de los debates más interesantes del momento, pues el problema no sería la copia de la obra sino la apropiación de su significado simbólico.

A esto se añade otro factor de vital importancia: el tiempo. Las campañas electorales se desarrollan tan rápido que no se compadecen con los plazos necesarios para la tutela judicial efectiva. Una utilización ilícita puede alcanzar una enorme difusión en cuestión de horas, mientras que cualquier reacción administrativa o judicial llegará cuando el efecto comunicativo ya se haya producido. Para ello, legislador ofrece como defensa la cesación y las medidas cautelares, que pueden adoptarse “inaudita parte”, si se dan razones de urgencia. Aun así, la resolución suele llegar cuando el efecto de la comunicación ya se ha consumado, debiendo señalarse que la eficacia de las armas defensivas importa tanto como la existencia del derecho. Por mucho derecho que exista, si llega tarde el perjuicio puede llegar a ser irreparable. Así, la eficacia real de los derechos dependería tanto de su reconocimiento formal como de la capacidad del sistema para protegerlos oportunamente.

Por esto, el debate ya no puede centrarse, únicamente, en determinar si existe o no una infracción. La cuestión de fondo es tan profunda, debiendo decidir cómo se deben interpretar los derechos de exclusiva cuando determinadas obras, marcas o signos distintivos dejan de funcionar exclusivamente como activos económicos y adquieren una dimensión cultural, simbólica o política que se integrar en el debate público.

La conclusión es que no todo vale para captar votos. Las campañas electorales no constituyen un espacio exento de propiedad intelectual o industrial, ni la finalidad política legitima automáticamente la utilización de activos de terceros. Sin embargo, tampoco se puede olvidar que algunas obras y signos han adquirido una relevancia social que supera la tradicional protección patrimonial.

En estos supuestos, el desafío jurídico no es tanto el debilitar los derechos existentes sino interpretarlos a la luz de una realidad en la que los activos intangibles se han convertido, también, en instrumentos del discurso democrático. El verdadero reto para el futuro será encontrar un equilibrio capaz de preservar simultáneamente la protección de la creación y la libertad de participación en el debate público sin sacrificar ninguna de ellas en beneficio de la otra.